La lógica de “fabrico, vendo y me desentiendo” dejó de ser legal en México. Desde el 20 de enero de 2026, con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular

Durante años, los reportes de sostenibilidad empresarial fueron documentos que pocas personas leían y que menos aún condicionaban decisiones de negocio.

Cuando una empresa genera residuos —ya sean sólidos de sus operaciones cotidianas o materiales que requieren destrucción certificada— los destinos posibles de esos residuos no son arbitrarios.

Hay un escenario que ocurre con más frecuencia de lo que las empresas quisieran admitir: un lote de insumos o materias primas importadas bajo el programa IMMEX lleva meses en el almacén, el proceso productivo se atrasó, la orden de exportación se canceló o simplemente nadie llevó el control de los plazos.

Para una empresa con programa IMMEX, la destrucción de desperdicios, mermas o mercancías que no pueden exportarse no es un proceso que pueda improvisarse. Implica un procedimiento formal ante dos ventanillas distintas.

Es una pregunta que muchas áreas fiscales y de operaciones evitan hacerse abiertamente, porque la respuesta implica tomar decisiones incómodas: revisar almacenes con mercancía olvidada, cuantificar pérdidas que nadie quería reconocer y ejecutar un proceso que requiere coordinación, documentación y tiempo.